La sentencia del TJUE sobre indemnizaciones por fin de contrato temporal

¿Vencedores o vencidos?, 1961

¿Vencedores o vencidos?, 1961

Recientemente, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo ha tambaleado los pilares sobre los que posa la legislación laboral española. Considera que el derecho laboral español en cuanto a indemnizaciones se refiere, es discriminatorio pues existe una diferencia entre los contratos de trabajadores indefinidos y los de duración determinada. Además, reconoce que tal desigualdad es aún más evidente cuando se refiere a trabajadores interinos, los cuales ni siquiera tienen derecho a una indemnización al rescindir sus contratos.

La sentencia responde a una cuestión prejudicial solicitada por el TSJ de Madrid y que afectaba a una trabajadora interina de la Administración Pública, alegando que los contratos de interinidad concertados con la misma, fueron celebrados en fraude de ley, por lo que ello se traduce en la conversión a indefinida y por tanto, tiene derecho al pago de una indemnización.

Por tanto, y si nos fijamos en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, existe un incumplimiento de la cláusula 4 sobre el principio de no discriminación:  “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”

Sin embargo, no sólo los interinos tendrán derecho a percibir una indemnización al finalizar sus contratos por causas objetivas, sino que la sentencia pretende equiparar la indemnización por finalización de contrato temporal e indefinido, pues interpreta que la legislación laboral española contradice a lo establecido en la legislación laboral europea. Actualmente, el sistema de indemnizaciones en España (excluyendo el despido disciplinario) se rige por el pago de 12 días de salario por año de servicio cuando finalice un contrato de carácter temporal y 20 días si el contrato de trabajo es indefinido y se extingue por razones objetivas, esto es, por causas económicas, técnicas, objetivas o de producción.

Es a partir de aquí donde surgen las diferentes interpretaciones de la sentencia del TJUE.

CCOO y UGT, consideran que es necesario que se adopten las medidas legislativas necesarias para que se cumpla la cláusula 4.1 de la Directiva mencionada unas líneas más arriba. Para ello exigen al Gobierno “modificar el artículo 49.1. c) del Estatuto de los Trabajadores a efectos de incrementar las indemnizaciones que en el mismo se contemplan igualándolas a las establecidas en el artículo 53.1.b) del mismo texto, y extendiendo el derecho a la mencionada indemnización a los contratos de interinidad y demás contratos temporales actualmente sin derecho a indemnización a su conclusión”.

Por otro lado, la CEOE considera que la sentencia contiene “errores conceptuales”. Tal y como señalan los expertos de la confederación, “en España no existe un concepto de indemnización legal o ilegal” y además, “no hay diferencia en cuanto a la extinción de contratos entre trabajadores fijos y temporales”. La patronal destaca que “a todos los trabajadores, tengan contrato temporal o indefinido, se les aplica el mismo régimen jurídico y la misma extinción cuando se considera despido disciplinario, por causas objetivas o colectivo, que en el caso de ser procedente es de 20 días, mientras que al ser improcedente es de 33 días”. Por último afirma que la sentencia “no obliga a hacer ningún tipo de cambio en la normativa española”.

Hace unos días la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha reunido con los representantes de las patronales CEOE y CEPYME y de los sindicatos CCOO y UGT con el objetivo de avanzar en el diálogo social y analizar cómo aplicar en España las recientes sentencias del TJUE en relación con la contratación de trabajadores interinos y temporales. Mediante un comunicado del Gobierno se ha expresado que “de cara a garantizar la seguridad jurídica de las empresas y reforzar la estabilidad de los trabajadores, los agentes sociales y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hemos acordado que expertos a propuesta de cada una de las partes estudien las citadas sentencias y el alcance de las mismas, y elaboren una propuesta, de manera que permita tomar decisiones en el ámbito del diálogo tripartito”.

Finalmente, hay que recordar que la sentencia del TJUE sólo es aplicable en el caso concreto de la trabajadora interina anteriormente citada. Eso sí, resulta evidente la importancia de esta sentencia, pues si logra su cometido, podría afectar a más de 3.900.000 contratos temporales en nuestro país.

Puedes acceder desde aquí a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada y a la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo objeto de este análisis.

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